En el mundo político contemporáneo está de sobra demostrada esta hipótesis: mientras más autoritario sea un régimen, más amenazado se sentirá por Internet y, por ende, más buscará controlarlo. No por casualidad Corea del Norte, Birmania, Cuba y Turmekistán son identificados por la organización francesa Reporteros sin Fronteras como sus principales enemigos, una categoría a la que también se acercan, aunque con mayores fisuras, China, Irán y Vietnam.
Razones tienen los dictadores para el temor. El carácter orgánico, desestructurado, horizontal, abierto y expansivo de esa red de comunicación es capaz de subvertir con eficacia las tradicionales estructuras monolíticas y autoritarias de los medios oficiales, y de desafiar los instrumentos tradicionales de la censura. Es lo que sucedió con las protestas contra las elecciones fraudulentas de Irán, a mediados del pasado año, que se organizaron y divulgaron haciendo uso de distintas plataformas de Internet, en particular el servicio de mensajes Twitter y la red social Facebook. Los activistas y manifestantes, principalmente jóvenes, lograron así superar los controles policiales y burlar los informativos.
Venezuela no ha llegado a los extremos represivos de Irán: aún existen medios tradicionales independientes que ofrecen versiones y opiniones de los hechos distintas a las oficiales. Pero cada vez el ahogo en su contra es mayor. Y conforme eso ha sucedido, Internet ha ganado importancia como un canal para la comunicación libre; también, como vía para la movilización social –de nuevo, con Twitter o Facebook–, especialmente de los jóvenes.
Por ello, no sorprende que el presidente Hugo Chávez haya pedido establecer “regulaciones” sobre la red, y que varios funcionarios de su partido y Gobierno hayan comenzado a trabajar en ese sentido. Su excusa ha sido que, en un comentario enviado a un sitio web venezolano, dos personas afirmaran que Diosdado Cabello, ministro de Obras Públicas y presidente de Conatel, la entidad reguladora de las telecomunicaciones, había sido asesinado. La afirmación no era cierta, y los administradores del sitio la retiraron al percatarse de ello; es decir, actuaron como se hace normalmente en un medio donde la edición previa resulta sumamente difícil.
Sin embargo, el incidente dio la excusa a Chávez para activar un nuevo frente de controles. Su pretensión es establecer un punto de acceso único (conocido como NAP) para las comunicaciones de Internet en Venezuela. De este modo, sería mucho más fácil controlar el tráfico y, sobre todo, impedir el acceso a ciertos “portales” o sitios web, tal como se hace en China o Cuba.
Hay países no autoritarios que también tienen puntos de acceso únicos; sin embargo, están a cargo de entidades independientes, sin intereses políticos y que funcionan en el marco del Estado de derecho, lo que garantiza su neutralidad. En el caso venezolano, la idea, en la que se viene trabajando desde hace meses, es que el control lo ejerza la compañía telefónica estatal, CANTV, entidad totalmente politizada.
Además, luego de que Chávez exigiera acción a la Fiscal General (también subordinada suya), esta pidió a la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, que legisle sobre Internet. “Todas las actividades que ocurren en territorio nacional –dijo la funcionaria– deben estar sometidas a una regulación legal”.
El problema, por supuesto, es cuál índole de regulaciones, y la respuesta es clara: estarán destinadas a mayores controles y a eliminar opciones de libertad. Es lo que el Gobierno se ha dedicado a hacer sistemáticamente en todos los ámbitos posibles. Ahora, simplemente, le ha llegado el turno a Internet.
Existe, sin embargo, una gran ventaja para los venezolanos: dado el grado de penetración de la red y, también, de la telefonía celular en el país, la tarea de dominio centralizado no será nada sencilla, a pesar del NAP. Porque no es lo mismo controlar las redes antes de que se desarrollen (como ocurre en Cuba), que hacerlo una vez que han tomado vida propia. Quizá esta sea una batalla que Chávez no podrá ganar.
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